En declaraciones hechas el lunes por la tarde, Michael Greene, presidente y CEO de la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación (Naras), y de su contraparte latina, Laras, que otorga los premios Grammy Latino, argumentó que se llevaba el evento a Los Angeles, California, citando razones de seguridad.
Greene tomó la drástica decisión al considerar que, dadas las protestas planificadas por más de 100 grupos de exilados cubanos, no podía garantizar la seguridad de las aproximadamente 7,000 personas que se esperaba asistieran a la American Airlines Arena el 11 de septiembre.
Los manifestantes buscaban aprovechar la exposición internacional del evento para condenar al régimen comunista de Fidel Castro y los siete artistas cubanos postulados para premios (hasta el momento, no se sabía cuál de estos artistas, si alguno, vendría a Miami).
La noticia, además de representar un estrepitoso fracaso para los líderes políticos de esta ciudad que llevaban un año trabajando para que se efectuara la celebración aquí, significa una no ganancia de $35 millones a la economía local. Igualmente, se afecta el potencial turístico y económico al perderse la transmisión en 100 países, con una teleaudiencia de 700 millones.
Desde la semana pasada, las negociaciones entre líderes de la ciudad y representantes de Laras se fueron complicando, cuando unos 138 grupos de exilados cubanos rehusaron aceptar el área de protesta que les fue asignada.
Estos querían estar más cerca de la Arena, mientras que los organizadores del evento buscaban un lugar más lejano. Joe Carollo, alcalde de la ciudad, y quien junto a Alex Penelas, alcalde del Condado Miami-Dade, y Jorge Mas Santos, director de la Fundación Nacional Cubanoamericana, cabildeó a favor de los Grammy Latinos luego de que éstos rechazaran a Miami el año pasado; defendió el derecho de los manifestantes a protestar y, junto a miembros de la Policía, decidió acceder a la petición de los exilados. Estos fueron asesorados también por la American Civil Liberties Union (ACLU). Para Greene habían cambiado las reglas del juego, y resultaban inaceptables.
Penelas dijo sentirse “sumamente sorprendido” ante la decisión de Greene, mientras que un Carollo más desafiante determinó que “había que hacer lo correcto”, y eso era “defender el derecho constitucional a la protesta de los manifestantes”. En medio de esta encrucijada se encontraban el productor musical Emilio Estefan y su esposa Gloria, quienes no sólo fueron instrumentales en traer los premios a su ciudad adoptiva, sino que siempre se han destacado por ser anticastristas. Un vocero de los Estefan, Jorge Plasencia, se limitó a decir que “Emilio y Gloria no tienen palabras para describir cómo se sienten”.
Cuando Laras creó los Grammy Latinos, intentó celebrar la primera entrega de premios en Miami. Pero, debido a una ordenanza municipal (hoy derogada) que prohibía el uso de fondos públicos en cualquier actividad en la que participara algún representante de un gobierno totalitario como el de Fidel Castro (incluyendo músicos), la entrega tuvo lugar en Los Angeles. Miami, en ese entonces, rechazó el evento.
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