La controversia que llevaron al tribunal federal las compañías Latin American Music y la Asociación de Compositores y Editores de Música Latinoamericana (ACEMLA) giraba en torno a las canciones Paraíso de dulzura, Periódico de ayer, Piraña, El Todopoderoso, La fama y La murga, todas usadas en la obra.
Se determinó que los derechos de autor no fueron violados por los productores.
Cuando el caso estuvo ante el juez federal Juan Pérez Giménez en el tribunal de distrito, se determinó que los derechos de autor no fueron violados por los productores de la obra ya que tenían derecho a usar esas canciones. Con la decisión, el Circuito mantuvo además la determinación de que los demandados probaron ante el tribunal una cadena válida de transferencias de derecho de autor, que los autorizaba a usar las canciones en la obra presentada en Nueva York en 1999 y en Puerto Rico en el 2000.
En este pleito fueron demandadas las empresas Cárdenas Fernández, David Maldonado Entertainment, Theatrical Productions, Promotores Latinos, el Centro de Bellas Artes y la Corporación para el Fomento de las Artes y la Cultura.
La evidencia examinada por el tribunal estableció que la compañía Fania Publishing Company firmó entre 1970 y 1980 contratos con Héctor Lavoe y el compositor Tite Curet Alonso para obtener los derechos de autor de las canciones en controversia.
ESOS CONTRATOS incluyeron derechos sobre la música, título, letras, difusión, reproducción y presentaciones públicas por cualquier medio. Además, por medio de ese acuerdo quedaron obligados no sólo Lavoe y Curet, sino sus respectivos sucesores en derechos, representantes legales. Posteriormente, la compañía propietaria de Fania, Valsyn, concedió a Sonido Inc. licencia de derecho de autor y a su vez Sonido Inc. concedió autorización a los productores de la obra para usar las canciones.
Aunque los demandantes sostenían que los contratos en que los compositores transfirieron derechos a Fania terminaron con la muerte de Lavoe en 1993 y con una carta que Curet Alonso envió a Fania, el tribunal rechazó ese argumento y sostuvo que los contratos continúan con vigencia.
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