En Colombia, las centrales de riesgo como Datacrédito y TransUnion juegan un papel fundamental en la vida financiera de cualquier ciudadano. Estas entidades registran el comportamiento de pago de las personas y de las empresas, y esa información es consultada por bancos, comercios y operadores de servicios antes de aprobar créditos, contratos o compras a plazos.
Un buen historial facilita el acceso a préstamos, tarjetas de crédito, planes de telefonía y más. En cambio, un reporte negativo puede cerrar muchas puertas, incluso si se trata de un error o deudas creadas por un tercero.
Por eso, cualquier falla en la información o un caso de suplantación de identidad puede dejar a alguien fuera del sistema financiero sin que realmente haya incumplido.
Durante los últimos años han aumentado los casos de fraudes digitales y suplantación, lo que ha llevado a miles de personas a enfrentar reportes injustos que no solo afectan su capacidad de endeudamiento, sino también su vida económica cotidiana.
Una nueva norma, respaldada por la Corte Constitucional, traerá alivio para quienes han sido reportados injustamente. Se trata de la llamada ley contra el fraude digital, aprobada hace dos años por el Congreso y declarada constitucional en octubre de 2025. Con esta decisión, las centrales de riesgo deberán eliminar los registros negativos originados por suplantación de identidad.
La ley indica que toda persona víctima de fraude debe denunciar el caso ante la Fiscalía y avisar a la entidad financiera donde apareció la obligación no autorizada. Una vez recibida la denuncia y las pruebas del fraude, el banco tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para analizar la situación y pedir a Datacrédito o TransUnion que borren el reporte incorrecto.
El ajuste no se limita a eliminar la información: el registro será sustituido por una nota especial que indique “Víctima de Falsedad Personal”. Esta leyenda no será considerada negativa ni afectará la calificación crediticia del usuario.
Con esta medida, las entidades financieras también estarán obligadas a suspender los cobros relacionados con la deuda fraudulenta y restablecer el buen nombre del afectado. El Gobierno y el Congreso impulsaron esta iniciativa para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y digitales, que cada año generan miles de casos de suplantación en el país.
La decisión marca un avance importante para la protección de los consumidores y permitirá que muchas personas recuperen su historial financiero sin cargar con deudas que nunca adquirieron.
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