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El homicidio del presunto abusador de la menor Hilary Castro en una URI de Puente Aranda dejó la captura de cinco policías, quienes habrían sido cómplices por omisión ante la brutal golpiza y tortura a la que habría sido expuesto Juan Pablo González.
La Fiscalía presentó las pruebas contra los uniformados a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la URI. En las imágenes, divulgadas por el diario El Tiempo, se aprecia cómo González es golpeado en múltiples ocasiones por otros reclusos.
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Según el ente acusador, el presunto agresor de la menor Hilary Castro fue torturado en un baño de la URI e incluso fue obligado a beber la orina de los otros reclusos.
Habrían sido cerca de 27 minutos en los que González fue expuesto a una brutal golpiza antes de ser hallado muerto en la URI. Un patrullero de apellido Marín habría sido el responsable de entregar a González a uno de los presos que se habría encargado de golpearlo junto con los otros reclusos.
Una de las pruebas más contundentes que reveló la Fiscalía es cómo los uniformados permanecen frente a uno de los baños de la URI donde fue metido González por los otros presos para torturarlo.
La Fiscalía reveló vídeos se seguridad de la URI de Puente Aranda en los que se ve que policías no hicieron nada mientras golpeaban a Juan Pablo González.
📽️: Cortesía City Tv pic.twitter.com/3woNcZquTQ
— Esteban Osorio (@osorioesteban) November 23, 2022
A González, tras raparlo, torturarlo y finalmente asesinarlo, lo habrían sacado del baño y llevado hasta la celda número 4 donde finalmente fue hallado su cuerpo.
Byron Arley Gonzáles, Bladimir Sánchez Tarazona, Bryan Humberto Montealegre, Bryan Andrés Marín y Eduardo Blanco López son los patrulleros que fueron a prisión por la presunta omisión en el homicidio de Juan Pablo González.
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En diálogo con RCN Radio, el abogado penalista Francisco Bernate aseguró que los uniformados podrían enfrentarse a una pena de hasta 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y tortura. El jurista también aseveró que no tendrían rebaja del 50% de la pena en dado de caso de ser hallados culpables debido a que no aceptaron los cargos que les imputaron.
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