En Colombia se realizan diferentes remates o subastas judiciales que se realizan sobre propiedades como casas, apartamentos, edificios, entre otros inmuebles. Este tipo de actividades son administradas por entidades financieras como bancos o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Las ofertas tienen que ver con inmuebles que fueron tomados por estas instituciones tras un proceso judicial en contra de los propietarios. Esto sucede generalmente cuando los anteriores propietarios se cuelgan en los pagos o no cumplen con obligaciones financieras como créditos hipotecarios.
Quienes participan por algún bien de remates o subastas los consdieran como una oportunidad de inversión para tomar como vivienda o para diversificar su capital. Las ofertas disponibles se pueden visualizar en la página web de cada banco o entidad.
El proceso de un remate inicia cuando un acreedor presenta una demanda ante un juez en la que debe de mostrar que el deudor no ha cumplido con su obligación. El juez toma la decisión de ceder la propiedad al acreedor o una determinación diferente.
Posteriormente, se emite una orden de remate en la que se publica tanto información de la propiedad como fecha y hora de la subasta. El inmueble se otorgará al postor que presente la oferta más alta, así su valor no cubra la totalidad de la deuda.
Una vez se conceda la propiedad al comprador, esta persona tiene un plazo de pago que generalmente es de máximo cinco días, según indica el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
“El rematante deberá consignar el saldo del precio dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia a órdenes del juzgado de conocimiento, descontada la suma que depositó para hacer postura, y presentar el recibo de pago del impuesto de remate si existiere el impuesto”, indica el fragmento.
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Una vez se compruebe la compra oficial y se cumpla con este paso se procede a la entrega. En este paso, la legislación expresa que hay un plazo de tres días para que se concrete la adjudicación del inmueble. Si no sucede esto, el comprador puede presentar una solicitud al juzgado para que se los otorque en un periodo que no supere los 15 días de duración.
“Si el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, el rematante deberá solicitar que el juez se los entregue, en cuyo caso la diligencia deberá efectuarse en un plazo no mayor a quince (15) días después de la solicitud“, explica el artículo 456.
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