Los trinos que la Procuraduría ‘le cobró’ a Quintero y otros funcionarios públicos para su

Crédito: Instagram Quintero Procuraduría

Los trinos que la Procuraduría ‘le cobró’ a Quintero y a otros funcionarios públicos para su suspensión

“No se equivoquen conmigo”, dijo la procuradora Cabello luego de dar a conocer los motivos de la sanción

jcarreno
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Un verdadero revuelo político ha suscitado el reciente anuncio de la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, al dar a conocer la apertura de investigación y suspensión provisional a dos alcaldes, un concejal y un personero.

“Por la presunta y reiterada participación en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios: 1. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia; 2. Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, Tolima; 3. Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarcá, Quindío; y Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga, departamento del Huila”, señaló la procuradora.

¿Pero cuál fue la intervención en política específicamente? Vale la pena recordar que el alcalde de Medellín es muy activo en sus redes sociales y para nadie es un secreto que lleva una larga confrontación con el Uribismo y todo aquello que se considere oposición a su mandato.

El lunes pasado fue tendencia por publicar un video en el que aparecía en un carro diciendo: “El cambio, en primera”, lo que desató la furia de sus contradictores porque consideraron que estaba haciendo campaña por Gustavo Petro, y de inmediato le pidieron al ministerio Público tomar acciones.

Por otra parte, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, también es uno de los sancionados de su cargo. En contraste, el funcionario tolimense utilizó la frase “Me Identi… Fico con el Equipo por Colombia, los que han hecho, por supuesto, por este país”, haciendo claramente alusión al exalcalde de Medellín y candidato presidencial.

Cabe recordar que, por mandato constitucional, se prohíbe la participación en política de cualquier tipo de funcionario público, incluidas sus comunicaciones en medios o redes sociales.

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